• El Servicio de Alguaciles de EE. UU. ha seleccionado a Coinbase Prime para supervisar sus criptoactivos de gran capitalización a través de un contrato de 32,5 millones de dólares.

  • Aún así, Coinbase está lidiando con desafíos legales de la SEC sobre el registro de la plataforma.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) ha dado un paso importante al asociarse con Coinbase Prime para supervisar sus activos digitales de gran capitalización. El USMS, responsable de la confiscación de activos bajo el Departamento de Justicia, apoyará la custodia y los servicios comerciales avanzados de Coinbase a través de un contrato de 32,5 millones de dólares. Esta colaboración destaca la creciente integración de la gestión de criptomonedas dentro de las agencias federales.

Coinbase fue seleccionada después de un atento proceso de selección debido a sus medidas de seguridad comprobadas y su capacidad para manejar servicios criptográficos institucionales a gran escala. Esta asociación tiene como objetivo garantizar la gestión segura de los activos digitales fundamentales para las operaciones federales de aplicación de la ley.

Sin embargo, este esfuerzo conjunto se produce cuando Coinbase se ve envuelto en batallas legales con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La SEC ha acusado a Coinbase de operar su plataforma sin el registro adecuado, un caso que aún está pendiente en los tribunales. En represalia, Coinbase presentó recientemente demandas contra varias agencias federales. Eso incluye a la SEC, alegando intentos de sofocar la industria de la criptografía cortándole el acceso a los servicios bancarios.

Las acciones regulatorias se expanden más allá de Coinbase

La SEC también acusó a Consensys Software de ofrecer valores no registrados a través de MetaMask Stake y funcionar como un corredor no registrado. 

Además, la empresa matriz de Silvergate Bank ha resuelto cargos relacionados con fallas en la lucha contra el lavado de dinero y divulgaciones engañosas con la SEC, la Reserva Federal y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

Este desarrollo pone de relieve la relación compleja y a menudo polémica entre la floreciente industria de la criptografía y los organismos reguladores federales.