Autor original: James Smith
Traducido por｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）
Traductor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
En 2024, tras la aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum en EE. UU., la criptomoneda dio un paso más hacia la adopción masiva, pero los datos de flujo de criptomonedas asociadas a entidades de delitos cibernéticos específicos siguen siendo preocupantes. Chainalysis había publicado anteriormente un informe de seguridad de la industria de criptomonedas, señalando que, en comparación con el mismo período del año anterior, las transacciones ilegales en general habían disminuido, pero dos actividades ilegales notables - fondos robados y ransomware - habían aumentado. Los fondos robados en robos de criptomonedas crecieron un 100% en comparación interanual, alcanzando $1.58 mil millones a finales de julio, aumentando desde $857 millones. Además, las entidades de criptomonedas sancionadas por gobiernos u organizaciones internacionales han aumentado drásticamente en 2022 y 2023.
Los datos también indican que los casos de delitos relacionados con criptomonedas están recibiendo cada vez más atención de las agencias de aplicación de la ley. Cada cierto tiempo, la industria se ve sacudida por una 'gran noticia' en el ámbito de la seguridad, como el robo de fondos de un importante intercambio o la participación en actividades ilegales. Algunos de estos grandes casos, muy publicitados, involucran a agencias de aplicación de la ley que deben actuar y congelar o confiscar los fondos en cuestión. Recientemente, el autor de criptomonedas James Smith escribió un artículo de divulgación sobre cómo las agencias de aplicación de la ley manejan los casos de delitos relacionados con criptomonedas, abarcando el proceso desde la investigación legal hasta la confiscación y tratamiento final de los activos involucrados. A continuación se presenta el texto completo, traducido por Odaily 星球日报:
1、¿Qué significa la confiscación de criptomonedas?
La confiscación de criptomonedas se refiere a la incautación de activos criptográficos por parte de las agencias de aplicación de la ley, generalmente como parte de una investigación legal. Esto puede ocurrir en casos de fraude, lavado de dinero u otras actividades ilegales.
Si las agencias de aplicación de la ley sospechan que un usuario o una organización está involucrado en actividades ilegales, pueden confiscar los activos criptográficos en su billetera. Estos fondos suelen transferirse a una billetera controlada por el gobierno hasta que se complete el proceso judicial. Si el acusado es declarado culpable en el tribunal, los activos confiscados se venderán o subastarán. Pero si son declarados inocentes, las criptomonedas se devolverán a su billetera.
La confiscación se lleva a cabo en el contexto de una orden de arresto, una orden de registro o una orden de confiscación, que especifica claramente los bienes a ser confiscados. Las órdenes de confiscación de criptomonedas suelen ser emitidas a intercambios o custodios de otras instituciones, en lugar de individuos.
La orden de arresto enumerará la dirección de la billetera del intercambio y la razón de la confiscación. Se pedirá al intercambio que proporcione la clave privada de esa billetera a las autoridades. Para evitar asumir cualquier responsabilidad y enfrentar consecuencias más graves, los intercambios generalmente cumplen con esta solicitud y entregan la clave privada.
Sin embargo, la presión de la orden judicial para que los intercambios entreguen las claves privadas representa un desafío fundamental para el espíritu descentralizado en el que se basa la criptomoneda. Además, las órdenes de registro no son la única forma en que las agencias de aplicación de la ley pueden confiscar criptomonedas como Bitcoin que son poseídas por otros individuos o entidades; el gobierno también puede confiscar criptomonedas a través de un 'proceso de confiscación', que se refiere a la pérdida permanente de activos según una orden o fallo del tribunal. La confiscación de criptomonedas generalmente ocurre antes de la confiscación, pero no todos los activos confiscados serán realmente confiscados.
2、¿Cuál es el proceso de confiscación de criptomonedas?
El proceso de confiscación de criptomonedas es diferente del procedimiento de confiscación de bienes tangibles como propiedades, vehículos o joyas por parte de las agencias de aplicación de la ley. Los objetos físicos pueden ser llevados físicamente, pero se requieren las claves privadas correspondientes para desbloquear y transferir fondos de una billetera de criptomonedas.
Las agencias de aplicación de la ley a menudo colaboran con intercambios que custodian billeteras para obtener y recuperar fondos. Este enfoque es aplicable a billeteras calientes, ya que los intercambios suelen tener una copia de la clave privada. Para billeteras de hardware o frías, que son de propiedad personal y están desconectadas, las agencias de aplicación de la ley pueden necesitar hackear los dispositivos relevantes para recuperar los fondos.
Después de la incautación de activos criptográficos, las agencias de aplicación de la ley mantendrán las criptomonedas y las convertirán en efectivo, lo que generalmente requiere esperar una orden judicial, un proceso que puede llevar años. Los fondos obtenidos de la liquidación de activos se entregan a las víctimas del crimen o se distribuyen a las agencias gubernamentales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estableció en 2022 dentro del FBI una unidad de aprovechamiento de activos virtuales (VAXU), enfocándose en el análisis de blockchain y la confiscación de activos virtuales. VAXU colabora estrechamente con el grupo nacional de aplicación de criptomonedas del DOJ (NCET) en asuntos de confiscación.
En algunos casos, las agencias gubernamentales utilizan un procedimiento llamado confiscación administrativa, en el cual el gobierno confiscó activos sin acusar al propietario de la billetera de un delito, lo que significa que, si no hay una audiencia judicial, el usuario podría perder finalmente las criptomonedas en su billetera.
En este contexto, el FBI lanzó en mayo de 2024 un token llamado NexFundAI, como parte de la 'Operación de Espejo de Tokens', destinada a apuntar a individuos y organizaciones involucradas en actividades fraudulentas de criptomonedas (especialmente el aumento y venta de tokens). NexFundAI está diseñado para imitar criptomonedas legítimas como cebo para atraer manipuladores del mercado, permitiendo al FBI recopilar evidencia en su contra.
3、¿Cuándo se confiscan los activos criptográficos?
Las autoridades confiscan criptomonedas cuando se utilizan en actividades ilegales como evasión fiscal, lavado de dinero, fraude o tráfico de drogas.
Si alguien utiliza criptomonedas para actividades ilegales, como el tráfico de drogas o ataques de hackers, esto puede llevar a que las criptomonedas sean consideradas 'ingresos del crimen' y confiscadas por agencias gubernamentales, con el objetivo de detener actividades ilegales o recuperar fondos robados.
Los delincuentes utilizan criptomonedas para transacciones 'anónimas' en la cadena, ocultando el flujo de fondos. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley aún pueden identificar los ingresos del crimen y confiscar fondos a través de los rastros de datos en la cadena, y también pueden requerir que los intercambios de criptomonedas congelen las billeteras involucradas.
Al decidir si proceder con la confiscación, el fiscal considerará la organización del trabajo de confiscación de activos criptográficos, los desafíos potenciales de confiscación y gestión, así como el valor de los activos.
(Como se muestra en la imagen, desde 2022, ha habido un aumento drástico en las entidades de criptomonedas sancionadas por gobiernos u organizaciones internacionales.)
4、¿Qué sucede después de la confiscación de criptomonedas?
En los Estados Unidos, según la ley civil, cuando se confiscan fondos que te pertenecen, necesitas contratar a un abogado especializado en confiscación de activos para presentar una reclamación verificada al organismo de confiscación para que se tomen acciones legales. La agencia tiene un plazo de 90 días para presentar una apelación para exigir la confiscación de los fondos o la devolución de las criptomonedas.
Cuando la agencia presenta una apelación de confiscación, el tribunal notificará a todas las partes relevantes para que expongan su caso. Tu abogado puede presentar una respuesta, contrademanda y moción para desestimar la demanda de la agencia. Si el caso es sólido, el tribunal puede desestimar la demanda de la agencia y ordenarle que pague tus honorarios legales y devuelva los activos criptográficos confiscados.
Si la agencia te presenta cargos criminales, el procedimiento puede volverse más complejo, ya que también necesitarás defenderte de otros cargos. En este caso, el acusado generalmente acepta un acuerdo de culpabilidad, lo que elimina la necesidad de una orden de confiscación. En este contexto, el acusado puede optar por entregar voluntariamente la clave privada como parte del acuerdo de culpabilidad.
En el Reino Unido, la Ley de Recuperación de Activos de 2002 describe cómo se deben manejar las criptomonedas confiscadas. Al igual que otros activos confiscados, el 50% va al Ministerio del Interior y el resto se distribuye entre la policía, la Fiscalía y los tribunales, con la posibilidad de que una parte de los activos confiscados se devuelva a las víctimas de los casos de criptomonedas.
En Europa, cuando se detectan transacciones ilegales de criptomonedas, las autoridades buscan una orden judicial para congelar o confiscar activos. Para ejecutar la orden, colaboran con plataformas de criptomonedas y, en casos transfronterizos, organismos de supervisión como Europol pueden ofrecer asistencia. Las criptomonedas confiscadas se almacenan en una billetera controlada por el gobierno y, de acuerdo con la legislación del país, pueden ser subastadas o liquidadas después de una condena.
En comparación, las agencias de aplicación de la ley en India (ED) colaboran conjuntamente o por separado con grupos locales de delitos cibernéticos para confiscar criptomonedas. Cuando se detecta una actividad ilegal, las autoridades pueden buscar una orden judicial que indique al intercambio congelar o confiscar activos. Hasta que se emita un fallo final del tribunal, las criptomonedas confiscadas se almacenan en una billetera bajo supervisión gubernamental. Sin embargo, dado que India está desarrollando un marco legal claro para tratar delitos relacionados con criptomonedas, el proceso puede implicar investigaciones prolongadas.
5、Ejemplos de confiscación de criptomonedas
Hay muchos ejemplos conocidos de confiscaciones de activos criptográficos por parte del gobierno, como los activos de Bitfinex, Silk Road y Mt.Gox.
Incidente de robo de Bitfinex
En 2022, las autoridades federales de EE. UU. recuperaron criptomonedas por un valor de aproximadamente $3.6 mil millones relacionadas con el hackeo de 2016 de Bitfinex, donde aproximadamente 120,000 BTC fueron robados por hackers. Años después, este dinero finalmente se relacionó con dos personas (Morgan y Lichtenstein).
Como parte de la investigación, las autoridades incautaron estos activos. Aunque las transacciones de Bitcoin son anónimas, el caso destaca el desarrollo del análisis en cadena, sugiriendo que incluso los fondos ilegales de hace muchos años pueden ser rastreados y confiscados.
Incidente de Silk Road en la dark web
En 2013, el gobierno de EE. UU. confiscó aproximadamente 144,000 bitcoins del mercado de la dark web Silk Road, cuyo fundador, Ross Ulbricht, fue arrestado por ayudar en el tráfico de drogas ilegales. Esta ampliamente publicitada acción de confiscación de criptomonedas es parte de un esfuerzo más amplio para combatir las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.
La Oficina de Alguaciles de EE. UU. luego subastó el Bitcoin confiscado (actualmente valorado en miles de millones de dólares). En la regulación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con criptomonedas, el caso de Silk Road sigue siendo un momento pionero.
Incidente de robo de Mt.Gox
Mt. Gox fue el intercambio de Bitcoin más grande, pero se declaró en bancarrota en 2014 tras perder 850,000 BTC (entonces valorados en aproximadamente $450 millones). Después de solicitar la bancarrota, los activos restantes del intercambio (incluyendo más de 200,000 BTC) fueron confiscados por las autoridades japonesas. Durante el proceso legal de pago a los acreedores, los fondos confiscados se mantuvieron en cuentas de custodia.
En marzo de 2014, el CEO de Mt. Gox, Mark Karpelès, anunció que había encontrado 200,000 bitcoins en una billetera digital antigua, reduciendo la pérdida total a 650,000 bitcoins, lo que trajo esperanza a los acreedores. Posteriormente, el tribunal de Tokio nombró a un administrador temporal para gestionar este complicado caso legal, siendo el mayor desafío revaluar los bitcoins perdidos debido a la dependencia de los ataques de hackers y el aumento del precio del bitcoin. Karpelès enfrentó cargos de malversación de fondos, pero fue condenado solo por falsificación de registros. En 2024, el reembolso a los acreedores continuó, extendiéndose hasta el 31 de octubre de 2025.
6、¿Cómo manejan las agencias de aplicación de la ley los fondos confiscados?
En los Estados Unidos, las agencias federales deben presentar al Departamento de Justicia un plan de uso de fondos confiscados que describe cómo se utilizarán estos fondos. La confiscación civil se volvió común en la guerra contra las drogas de la década de 1980 y ha sido objeto de críticas desde entonces.
A veces, como parte de un acuerdo de culpabilidad, los activos confiscados se devuelven parcialmente al propietario, pero solo el 1% de los activos confiscados se devuelven a los propietarios. Los fondos confiscados generalmente se utilizan para apoyar las acciones de aplicación de la ley, como equipos, capacitación e investigación. Por ejemplo, en 2011, la policía del condado de St. Louis gastó $400,000 en equipos para helicópteros.
Aunque algunos estados de EE. UU., como Missouri, exigen que los fondos confiscados se distribuyan a las escuelas, las agencias de aplicación de la ley a menudo utilizan el programa de participación justa federal para retener la mayor parte de los fondos. Sin embargo, la incautación forzada de activos de personas o empresas ha sido criticada durante mucho tiempo.
Muchas personas consideran que es necesaria una reforma en este aspecto para garantizar que la confiscación de activos se realice de manera justa y transparente, proporcionando una adecuada protección a quienes enfrentan el riesgo de que sus activos sean confiscados.
