Un hombre australiano ha sido sentenciado a dos años de prisión por robo de identidad cibernético, incluido el uso de documentos falsos para crear cuentas de criptomonedas en línea.

El 21 de junio, la Policía Federal Australiana (AFP) anunció que un hombre de 31 años había sido condenado en el tribunal del condado de Melbourne.

El hombre fue acusado después de una investigación internacional sobre un sitio web que vendía tecnología por fraude, vinculado con el robo de más de 1 millón de dólares australianos (670.000 dólares) a las víctimas, según los informes.

La AFP inició la Operación Stonefish en agosto de 2022 después de que las autoridades británicas investigaran un sitio web que ofrecía servicios de suplantación de identidad por tan solo 20 libras esterlinas. Este sitio facilitó el robo de identidad y el fraude financiero.

Una víctima de Nueva Gales del Sur presentó una queja a Report Cyber, un sitio del Gobierno de la Commonwealth de Australia para informar sobre delitos cibernéticos, sobre la creación de una cuenta bancaria no autorizada.

Las investigaciones de la AFP revelaron que el hombre utilizó permisos de conducir falsos con datos reales de las víctimas y su propia fotografía para abrir cuentas en dos casas de cambio de criptomonedas.

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En noviembre de 2022, agentes de la AFP ejecutaron una orden de registro en el domicilio del hombre en Boronia.

Se incautaron de licencias de conducir en blanco y falsas, un pasaporte perdido y varias tarjetas a nombre de otras personas.

Las autoridades también encontraron una plataforma de mensajería cifrada en la computadora del hombre, que contenía discusiones sobre delitos basados ​​en la identidad y manuales sobre cómo crear documentos falsos. El hombre se negó a proporcionar códigos de acceso a sus dispositivos durante la búsqueda.

El superintendente detective Tim Stainton destacó el grave impacto del robo de identidad y afirmó: "El robo de la identidad de alguien puede tener graves implicaciones para las víctimas y es un delito penal grave que se castiga con una pena significativa de prisión".

Añadió: “Una identidad robada y el uso de documentación fraudulenta asociada pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas si se vende en línea o se utiliza con fines delictivos”.

El australiano fue declarado culpable de varios cargos en virtud de la Ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2006 y el Código Penal, entre ellos proporcionar información falsa, manipular el producto del delito, producir y poseer documentos falsos e incumplir una orden judicial. orden.

Fue condenado a dos años de prisión, con un período de 10 meses sin libertad condicional.

Las autoridades enfatizaron que este caso subraya las graves consecuencias del robo de identidad cibernético y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra tales delitos.

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