El 29 de noviembre de 2024, Rusia dio un paso sin precedentes al promulgar la Ley de Reconocimiento de Activos Digitales como Propiedad, una iniciativa impulsada por el presidente Vladimir Putin. Esta legislación marca un punto de inflexión, al formalizar las criptomonedas dentro de un marco regulatorio detallado que abarca minería, impuestos y comercio internacional. La ley propone un impuesto corporativo del 25% sobre la minería a partir de 2025 y permite el uso de criptomonedas en comercio exterior, lo que podría redefinir las reglas del juego económico en un mundo cada vez más digital.
Para las criptomonedas, este movimiento es una espada de doble filo. Por un lado, regula y legitima las transacciones, atrayendo a inversores que buscan claridad legal. Por otro, las altas tasas impositivas y los estrictos controles podrían desincentivar la actividad minera y comercial, especialmente en un país sancionado como Rusia. Además, al abrir la puerta a su uso en comercio internacional, Moscú desafía al sistema financiero global dominado por el dólar, lo que podría fragmentar aún más la economía global y acelerar la adopción de criptomonedas en mercados emergentes.
En el escenario mundial, la ley podría intensificar tensiones geopolíticas. Al utilizar criptomonedas para evadir sanciones, Rusia aprovecha las ventajas descentralizadas de estas tecnologías, planteando un desafío directo a las potencias occidentales. Sin embargo, también posiciona a las criptomonedas como un instrumento económico estratégico, demostrando su potencial para remodelar las economías y redistribuir el poder financiero global. Esta decisión no solo afecta a Rusia, sino que redefine el panorama para inversores, gobiernos y plataformas como Binance, que deben adaptarse rápidamente a esta nueva realidad.