La Unión Europea ha implementado recientemente nuevas regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.

La Unión Europea (UE) ha adoptado un nuevo proyecto de ley destinado a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante el uso de criptomonedas. La legislación impone un límite de 1.000 euros (1.083 dólares) a las transferencias criptográficas anónimas y también limita las transacciones en efectivo a 7.000 euros (7.585 dólares).

La UE tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo limitando las transferencias criptográficas anónimas y las transacciones en efectivo. Esta medida es un paso importante para garantizar la seguridad de las transacciones financieras dentro de la UE.

Los textos recientemente adoptados exigen una mayor transparencia y cumplimiento por parte de los administradores de criptoactivos, así como la verificación de las identidades de los clientes, los activos y el control de la empresa. 

Entidades como bancos, agentes inmobiliarios y clubes de fútbol profesionales de alto nivel deben establecer riesgos específicos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de su área de negocios y reportar esta información a un registro centralizado.

La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (AMLA) se creó en junio de 2022 para hacer cumplir las regulaciones. Emil Radev, co-relator de AMLA, enfatizó el valor de una estrecha coordinación entre la nueva autoridad y los supervisores nacionales, así como la supervisión directa de las empresas financieras y proveedores de servicios de criptoactivos más riesgosos que trabajan en varios estados miembros.

La Federación Bancaria Europea (EBF) ha propuesto un modelo de tres niveles para el euro digital, que involucra al Banco Central Europeo y dos niveles industriales. 

El primer nivel industrial interactuaría con la Zona Única de Pagos en Euros, mientras que el segundo, conocido como "Nivel Industrial B", sería desarrollado y operado por el sector privado. La propuesta pretende crear un sistema que sea accesible y fiable para todos los usuarios.

Sin embargo, la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea se retrasó hasta abril de 2023 para tomar la decisión final. Este retraso pone de relieve los desafíos que enfrentan los formuladores de políticas al regular el mundo de las criptomonedas en rápida evolución. 

A medida que la economía digital continúa creciendo, es esencial que los formuladores de políticas trabajen juntos para crear un marco regulatorio que proteja a los consumidores y al mismo tiempo promueva la innovación y el crecimiento.