Según PANews, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto un aumento de impuestos a la minería de criptomonedas y a los centros de datos de inteligencia artificial (IA) para frenar las emisiones y generar ingresos gubernamentales adicionales. Shafik Hebous, subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, y Nate Vernon-Lin, economista del Departamento de Política Climática, sugirieron un impuesto de 0,047 dólares por kilovatio-hora (kWh) para la minería de criptomonedas. Este impuesto podría aumentar a 0,089 dólares por kWh si se consideran los impactos locales de las actividades mineras en la salud. El aumento de impuestos propuesto elevaría el coste medio de la electricidad para los mineros de criptomonedas en un 85%, generaría 5.200 millones de dólares adicionales en ingresos anuales para los gobiernos de todo el mundo y reduciría las emisiones globales en 100 millones de toneladas anuales, equivalentes a las emisiones totales de Bélgica.

Hebous y Vernon-Lin destacaron que una sola transacción de Bitcoin consume tanta electricidad como la que consume un hogar pakistaní promedio en tres años. También señalaron que el consumo de energía de los modelos de IA como ChatGPT es diez veces mayor que el de una búsqueda en Google. Los funcionarios del FMI propusieron un impuesto al uso de energía de 0,032 dólares por kWh para los centros de datos de IA, que podría aumentar a 0,052 dólares por kWh al tener en cuenta los costos de contaminación. Estos centros de datos suelen estar ubicados en regiones con fuentes de electricidad más ecológicas. El impuesto propuesto podría generar 18.000 millones de dólares en ingresos anuales para los gobiernos.

Los funcionarios del FMI creen que los impuestos específicos podrían incentivar a los mineros de criptomonedas y a los centros de datos de inteligencia artificial a adoptar equipos y prácticas más eficientes desde el punto de vista energético. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de una coordinación global en materia de políticas tributarias para evitar que las empresas se trasladen a jurisdicciones con estándares más bajos. Los funcionarios argumentaron que las medidas estrictas en una región podrían conducir a una migración de operaciones a áreas con regulaciones menos estrictas.