El 3 de octubre, la jueza Jacqueline Scott Corley del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California rechazó la solicitud de la SEC de imponer sanciones a Elon Musk. La SEC acusó a Musk de violar una orden judicial del 31 de mayo al no testificar sobre su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, la jueza Corley consideró que las sanciones propuestas por la SEC, incluida la exigencia de que Musk reembolse 2.923 dólares en gastos de viaje, eran "inútiles".
La investigación de la SEC se centra en si Musk retrasó deliberadamente la revelación de su adquisición de acciones de Twitter en 2022. En concreto, Musk supuestamente pospuso la revelación de su participación del 9,2%, lo que podría permitirle comprar acciones adicionales a un precio más bajo. Musk, por otro lado, explicó su ausencia el 10 de septiembre como consecuencia de su supervisión de la misión Polaris Dawn de SpaceX.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Elon Musk choca con la SEC. En 2018, llegó a un acuerdo con la agencia por unos polémicos tuits sobre Tesla. Sin embargo, las tensiones entre Musk y la SEC siguen siendo altas, y los críticos lo acusan con frecuencia de no cumplir con las regulaciones de valores.
La decisión del tribunal de rechazar las sanciones pone de relieve su postura de que las exigencias de la SEC en este caso carecían de una base jurídica sólida. Mientras tanto, el caso sigue sin resolverse mientras la SEC sigue buscando nuevas pruebas para fundamentar sus acusaciones de irregularidades por parte de Musk.
Este acontecimiento reaviva los debates sobre el papel de las agencias reguladoras en la supervisión de los actores influyentes del mercado. Como las acciones de Musk no solo afectan a los precios de las acciones, sino que también repercuten en los sectores tecnológico y financiero, es probable que persistan las dudas sobre la rendición de cuentas y la transparencia.