El plan de quiebra revisado de FTX ha provocado una gran controversia entre los acreedores. El plan propone asignar entre el 10 y el 25 % de los activos restantes a los poseedores de criptomonedas, mientras que reserva 230 millones de dólares para los accionistas. Esta distribución ha suscitado inquietudes sobre la equidad y la transparencia del proceso, en particular entre aquellos que han sufrido pérdidas sustanciales.
El sentimiento del mercado sigue siendo pesimista, ya que las partes interesadas cuestionan la priorización de los accionistas sobre los poseedores de criptomonedas. Este desarrollo pone de relieve los problemas actuales dentro de la industria de las criptomonedas, incluido el escrutinio regulatorio y la necesidad de salvaguardas financieras más sólidas.