En una entrevista reciente, el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, anunció que la larga disputa legal de la compañía con la SEC está llegando a su fin. Reveló que se espera que Ripple y la SEC lleguen a un acuerdo la próxima semana luego de una reunión privada.

Durante años, Ripple y la SEC han estado en desacuerdo sobre si XRP, el activo digital asociado con Ripple, debería clasificarse como un valor. Garlinghouse ha argumentado constantemente que XRP no es un valor, una posición confirmada recientemente por el fallo de un juez. Afirmó: "Esto nunca debería haber sido una cuestión partidista. Buscamos regulación y claridad".

Garlinghouse ha criticado abiertamente el enfoque del presidente Joe Biden sobre la regulación de las criptomonedas. Reflexionando sobre la falta de progreso, comentó: "Hace cinco años, señalé la ausencia de reglas claras. Ahora, después de una larga batalla legal con la SEC, todavía no hay claridad". También comentó sobre la postura del presidente de la SEC, Gary Gensler, diciendo: "Gensler ve todo como un valor digital. A pesar de que los jueces fallaron en su contra varias veces, continúa impulsando esta narrativa".

Con respecto a sus interacciones con la administración Biden, Garlinghouse mencionó una reciente mesa redonda sobre criptomonedas en Washington, D.C., que incluyó a participantes de ambos partidos políticos. "Fue alentador verlos comprometerse con la industria", señaló. Si bien los demócratas han tardado más en adoptar las criptomonedas en comparación con los republicanos, consideró la discusión como un paso positivo. También marcó el primer aniversario del fallo que declaró que XRP no es un valor, y lo describió como un momento significativo para la industria.

Garlinghouse también enfatizó el progreso de las regulaciones criptográficas internacionales, señalando que muchos países han establecido marcos para la supervisión de las criptomonedas. "Es frustrante que Estados Unidos se esté quedando atrás mientras otros países avanzan", afirmó. Reveló que Ripple ha gastado más de $150 millones y tres años en batallas legales, expresando su decepción por el hecho de que los EE.UU.S. sigue enredado en litigios mientras otras naciones avanzan.