Fuente: Crowd Fundinsider; Traducción: Tao Zhu, Golden Finance

La Comisión de Valores de Filipinas (SEC) ha promulgado amplias reglas de gestión de activos criptográficos que abarcan divulgación, oferta pública, negociación y actividades de marketing.

Estas regulaciones están destinadas a fortalecer la protección del inversor y promover la transparencia en el próspero mercado de activos digitales.

De acuerdo con las nuevas directrices, la emisión de activos criptográficos debe presentar documentos de divulgación a la SEC al menos 30 días antes de cualquier actividad de marketing o venta pública.

El documento debe detallar al emisor de los activos criptográficos, las características principales, los riesgos y la tecnología subyacente, así como una declaración clara que resalte los riesgos potenciales, incluyendo la pérdida de valor y la limitada transferibilidad.

Los activos criptográficos clasificados como valores deben obtener una declaración de registro aprobada por la Comisión de Valores de EE. UU. para su oferta pública. Si la oferta inicial de monedas (ICO) se considera que involucra la venta de valores, entra dentro del alcance definido por la Ley de Regulación de Valores (SRC).

Las entidades que emitan o negocien activos criptográficos deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y los requisitos de informes de la Comisión de Valores de EE. UU. La Comisión de Valores de EE. UU. enfatiza que el incumplimiento puede resultar en multas, suspensión o revocación de licencias.

Estas reglas también prohíben la manipulación del mercado, el comercio con información privilegiada y la difusión de información falsa o engañosa. Las actividades de marketing deben divulgar con precisión los riesgos y evitar declaraciones engañosas. Las personas o entidades no autorizadas no pueden emitir o promover activos criptográficos.

Los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (CASP) deben adoptar un marco de ciberseguridad, mantener sistemas efectivos para detectar y prevenir abusos del mercado, y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero. La SEC se reserva el derecho de auditar, investigar y sancionar a entidades no conformes.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas de 50,000 a 10 millones de pesos filipinos por cada infracción, y las personas pueden enfrentar hasta cinco años de prisión. Las empresas pueden enfrentar la revocación de licencias, y los directores y ejecutivos serán responsables personalmente por las infracciones.

Las nuevas regulaciones entrarán en vigor 30 días después de su publicación en dos periódicos de gran circulación, destacando el compromiso del gobierno filipino de establecer un ecosistema de activos criptográficos seguro y transparente.

La comisión solicita a todas las partes interesadas que comenten sobre el borrador de propuesta de las “Reglas de Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos de la SEC”.