El 2 de diciembre de 2024, el gobierno de EE. UU. atrajo una atención significativa al transferir $1.92 mil millones en Bitcoin, equivalente a casi 19,780 BTC, a una nueva dirección. La mitad de este Bitcoin se trasladó a Coinbase, marcando la primera transferencia de Bitcoin del gobierno desde el verano de este año. Se cree que esta acción está vinculada a la reserva de Bitcoin confiscada durante la investigación de la dark web de Silk Road, donde el gobierno confiscó aproximadamente 50,000 BTC.
La transferencia de una cantidad tan grande de Bitcoin tuvo un impacto inmediato en el mercado, empujando los precios de BTC a $94,400. Esta caída borró gran parte de las ganancias impulsadas por las noticias positivas de MicroStrategy y el aumento de la demanda institucional.
Los analistas ahora se preguntan si este movimiento es una estrategia deliberada para ejercer presión psicológica sobre el mercado o simplemente un ajuste operativo. Los informes indican que el gobierno de EE. UU. tiene un acuerdo con Coinbase para gestionar los activos de criptomonedas confiscados, lo que sugiere que esto podría ser meramente una entrega custodial en lugar de una venta.
Actualmente, el gobierno de EE. UU. aún posee más de 188,300 BTC, valorados en aproximadamente $18.1 mil millones, junto con cantidades sustanciales de otras criptomonedas como ETH y USDT. Esto demuestra que el gobierno controla una parte significativa de la oferta global de criptomonedas, ejerciendo una influencia considerable sobre el mercado.
Sin embargo, esta última acción no se trata únicamente de economía. También sirve como un recordatorio estratégico para el mercado de que el gobierno de EE. UU. tiene la capacidad de intervenir en cualquier momento. Envía un mensaje sutil a las instituciones y los inversores: “Procedan con precaución, ya que seguimos en control.”
Ya sea que la intención detrás de este movimiento sea estratégica o meramente operativa, sin duda dejará una huella duradera en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben monitorear de cerca las acciones del gobierno y evaluar sus implicaciones para tomar decisiones informadas en el futuro.