Uruguay aprobó una ley que reconoce las criptomonedas como un activo digital, asignando al Banco Central la supervisión de las empresas que brindan servicios de criptomonedas.

Estas empresas deben solicitar una licencia de funcionamiento. La ley también actualiza las regulaciones contra el lavado de dinero y pone bajo control los activos digitales. Uruguay se convierte en uno de los pocos países latinoamericanos con un marco legal para las criptomonedas, junto con Venezuela, Brasil, Argentina y El Salvador.