Los residentes de Stokmarknes, en el norte de Noruega, están celebrando el cierre de una instalación local de minería de Bitcoin operada por Kryptovault que había sido fuente de quejas por ruido durante más de dos años.

El sitio minero, conocido por sus ruidosos sistemas de refrigeración, provocó que los vecinos compararan el ruido con el de un aserradero que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. “Teníamos que cerrar las ventanas por la noche solo para dormir”, dijo Harald Martin Eilertsen. A pesar del alivio del ruido, el cierre ha tenido una consecuencia inesperada: un aumento del 20% en las facturas de electricidad.

Kryptovault, que había sido el mayor cliente del proveedor de energía local Noranett, representando el 20% de sus ingresos, se declaró en quiebra en septiembre de 2023. Ahora que la instalación está cerrada, Noranett está trasladando la carga financiera a otros consumidores de la región, lo que provoca un aumento en las facturas de electricidad.

El gerente de red de Noranett dijo que el aumento en la factura eléctrica entrará en vigencia a partir del próximo mes.

El cierre se produce poco después de las regulaciones propuestas introducidas por el gobierno noruego en abril de 2024, destinadas a frenar el crecimiento de los centros de datos que consumen mucha energía y la minería de criptomonedas.

Estas regulaciones, aún bajo deliberación, requerirían que los centros de datos registren sus operaciones, lo que permitiría a las autoridades identificar y limitar actividades que consumen mucha energía, como la minería de criptomonedas.

La ministra de Digitalización, Karianne Tung, destacó que Noruega aspira a atraer centros de datos que refuercen la infraestructura nacional en lugar de agotar los recursos energéticos. El ministro de Energía, Terje Aasland, se hizo eco de este sentimiento y dijo que “[la minería de criptomonedas]… es un ejemplo de un tipo de negocio que no queremos en Noruega”.

Si se aprueba la Propuesta 93, la industria de la minería de criptomonedas podría enfrentar grandes reveses. El aumento de los costos de cumplimiento y una supervisión más estricta reducirían la rentabilidad y desalentarían nuevos proyectos, lo que podría llevar a los mineros a reubicarse en regiones más tolerantes.

El enfoque del gobierno en apoyar centros de datos socialmente beneficiosos también podría limitar aún más la energía disponible para la minería de criptomonedas.