Public Citizen, una organización de defensa del consumidor sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., ha publicado un informe en el que afirma que el sector de las criptomonedas está explotando significativamente la sentencia Citizens United de la Corte Suprema de Estados Unidos para dominar el gasto político en las elecciones estadounidenses de 2024. La sentencia Citizens United de 2010 permitió a las corporaciones y sindicatos gastar cantidades ilimitadas en campañas políticas, lo que, según Public Citizen, ha permitido que industrias como las de las criptomonedas ejerzan una influencia descomunal en el proceso electoral.

Según el informe, casi el 48% de todas las contribuciones corporativas en las elecciones de 2024 (que ascienden a 248 millones de dólares) han provenido de la industria de las criptomonedas, lo que la convierte en la que más ha gastado este año. Su análisis, basado en datos de OpenSecrets.org, destaca que el gasto de la industria de las criptomonedas en los últimos tres ciclos electorales asciende a 129 millones de dólares. Esta cifra representa el 15% de todas las donaciones corporativas desde la sentencia Citizens United, lo que subraya el rápido aumento de la influencia política de las criptomonedas.

En comparación, las empresas de combustibles fósiles, que tradicionalmente han sido grandes gastadoras políticas, han aportado 176 millones de dólares en los últimos 14 años. Public Citizen señala que, si bien el sector de los combustibles fósiles ha dominado durante mucho tiempo el gasto político corporativo, la industria de las criptomonedas ahora está poniéndose al día rápidamente. El informe señala que el PAC Fairshake del sector de las criptomonedas y sus afiliados han recibido casi 114 millones de dólares de patrocinadores corporativos, lo que coloca al PAC Fairshake en segundo lugar después del Fondo de Liderazgo del Senado, que ha recaudado 119 millones de dólares de varios sectores, incluidos los combustibles fósiles.

Rick Claypool, director de investigación de Public Citizen y autor del informe, expresó su preocupación por el hecho de que este nivel de gasto sin precedentes por parte de las empresas de criptomonedas pudiera sentar un precedente peligroso para futuras elecciones. Advirtió que esta tendencia podría conducir a una mayor influencia corporativa y a la erosión de las normas electorales establecidas, afianzando aún más el poder de los intereses de los ricos en el proceso político.

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