Anndy Lian opina sobre el reciente colapso de JPEX, una plataforma de criptomonedas que supuestamente defraudó a miles de inversores por más de 1.400 millones de dólares de Hong Kong (180 millones de dólares estadounidenses).

El colapso de JPEX ha expuesto el lado oscuro de la criptoindustria de Hong Kong y ha planteado serias dudas sobre su marco regulatorio.

JPEX, que afirmaba ser una plataforma autorizada y regulada, atraía a los inversores con anuncios llamativos, respaldo de celebridades y promesas de altos rendimientos. Ofreció su propio token nativo, JPC, que solo podía comercializarse en su plataforma, así como otras criptomonedas populares como Bitcoin y Tether.

Sin embargo, en septiembre de 2023, JPEX suspendió repentinamente sus servicios y anunció que estaba siendo investigada por la policía de Hong Kong por sospecha de fraude y lavado de dinero. Se eliminaron el sitio web y las cuentas de redes sociales de la plataforma y se desconectó su línea directa de atención al cliente. Muchos inversores se vieron incapaces de acceder a sus fondos o retirar sus activos.

El escándalo JPEX no es un incidente aislado. De hecho, es la última de una serie de estafas criptográficas que han afectado a Hong Kong en los últimos años. En 2022, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) cerró otra plataforma llamada Black Cell Technology por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) ilegal que recaudó 30 millones de dólares de inversores. En 2021, una plataforma llamada MyCoin desapareció con 3.000 millones de dólares de Hong Kong (387 millones de dólares estadounidenses) de más de 3.000 inversores.

Estos casos resaltan los riesgos y desafíos que enfrenta Hong Kong en su esfuerzo por convertirse en un centro global para la innovación y adopción de criptomonedas. Si bien la ciudad tiene un ecosistema criptográfico vibrante y diverso, con más de 100 plataformas operando en el mercado, también adolece de una falta de regulación clara y consistente que deja a los inversores vulnerables al fraude y la manipulación.

El enfoque actual de Hong Kong hacia la regulación de las criptomonedas se basa en el principio de "mismo riesgo, misma regulación". Esto significa que las actividades criptográficas que se rigen por las leyes de valores existentes están sujetas a la supervisión y aplicación de la SFC, mientras que aquellas que no lo hacen están en gran medida no reguladas.

Por ejemplo, la SFC ha emitido directrices para plataformas que ofrecen comercio de tokens de seguridad, que son tokens digitales que representan propiedad o derechos económicos sobre un activo o negocio subyacente. Estas plataformas deben solicitar una licencia a la SFC y cumplir con diversos requisitos en materia de lucha contra el lavado de dinero, protección de inversionistas, ciberseguridad y auditoría.

Sin embargo, la mayoría de las plataformas en Hong Kong no tratan con tokens de seguridad, sino con tokens de intercambio (como Bitcoin) o tokens de utilidad (como JPC). Estos tokens no se consideran valores según la ley de Hong Kong y, por lo tanto, están fuera del alcance regulatorio de la SFC. Como resultado, estas plataformas operan en una zona legal gris, donde no se les exige obtener una licencia ni seguir ninguna regla específica.

Esto crea un vacío legal que permite a plataformas sin escrúpulos explotar la ignorancia y la codicia de los inversores. Al afirmar que tienen licencia o están reguladas, estas plataformas pueden crear una falsa sensación de seguridad y legitimidad entre los inversores que tal vez no comprendan la diferencia entre los tokens de seguridad y otros tipos de tokens. Al ofrecer altos rendimientos o incentivos, estas plataformas pueden atraer a los inversores a invertir en sus tokens nativos u otras criptomonedas oscuras que no tienen valor intrínseco ni liquidez de mercado. Mediante el uso de mecanismos complejos y opacos, estas plataformas pueden manipular los precios y volúmenes de sus tokens o criptomonedas para crear demanda u oferta artificial.

El escándalo JPEX es un síntoma de un problema más profundo en la búsqueda de innovación financiera por parte de Hong Kong. Si bien la ciudad ha apoyado el desarrollo de las criptomonedas y ha lanzado varias iniciativas para fomentar el crecimiento de las fintech, como entornos de pruebas regulatorios y colaboraciones transfronterizas, también ha sido lenta y reactiva a la hora de abordar los riesgos y desafíos emergentes que plantean las actividades de las criptomonedas.

Hong Kong necesita adoptar un enfoque más proactivo e integral para la regulación de las criptomonedas que equilibre la innovación con la protección. En lugar de depender de las leyes de valores existentes que pueden no abarcar todo el espectro de actividades criptográficas, Hong Kong debería considerar desarrollar un nuevo marco regulatorio que cubra todo tipo de criptoactivos y proveedores de servicios.

Dicho marco debería apuntar a lograr cuatro objetivos principales: primero, prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; en segundo lugar, proteger a los inversores del fraude y la manipulación; tercero, garantizar la competencia leal y la integridad del mercado; y cuarto, promover la inclusión financiera y la educación.

Para lograr estos objetivos, Hong Kong debería considerar implementar algunas de las siguientes medidas:

  • Exigir que todas las plataformas criptográficas se registren u obtengan una licencia de la SFC u otra autoridad designada antes de operar en Hong Kong o atender a los inversores de Hong Kong.

  • Imponer estándares mínimos a las plataformas criptográficas con respecto a la adecuación del capital, la gestión de riesgos, la gobernanza, la divulgación, la auditoría y la presentación de informes.

  • Establecer un mecanismo para monitorear y supervisar las actividades y transacciones de las plataformas criptográficas, incluido su uso de monedas estables u otras formas de moneda digital.

  • Hacer cumplir reglas estrictas sobre publicidad y marketing de criptomonedas, especialmente en plataformas de redes sociales donde las personas influyentes pueden tener una influencia significativa sobre las decisiones de los inversores.

  • Hacer responsables a las plataformas criptográficas de cualquier pérdida o daño sufrido por los inversores debido a su negligencia, mala conducta o incumplimiento de contrato.

  • Responsabilizar a las personas influyentes por cualquier declaración o representación falsa o engañosa que hagan sobre plataformas o productos criptográficos.

  • Educar a los inversores sobre los riesgos y beneficios de las inversiones en criptomonedas, así como sobre sus derechos y responsabilidades como consumidores.

  • Fomentar la autorregulación y las mejores prácticas de la industria entre las plataformas criptográficas y los proveedores de servicios, como la adopción de códigos de conducta, estándares éticos y mecanismos de resolución de disputas.

Al adoptar estas medidas, Hong Kong puede mejorar su reputación como un centro criptográfico líder que fomenta la innovación y la adopción al tiempo que garantiza la protección y la estabilidad. Hong Kong también puede posicionarse como un modelo a seguir para otros países que enfrentan problemas y desafíos similares en el criptoespacio.

El escándalo JPEX es una llamada de atención para que Hong Kong tome medidas y reforme su regulación criptográfica. La ciudad no puede darse el lujo de perder su ventaja competitiva o su credibilidad en el mercado financiero global. El momento de actuar es ahora.