Argentina ha llegado a su actual crisis inflacionaria como resultado de décadas de políticas económicas fallidas, déficits fiscales elevados, y una fuerte dependencia del financiamiento monetario. Desde los años 2000, el país no ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica sólida. Las políticas como la nacionalización de las pensiones y la intervención en el Instituto Nacional de Estadística (Indec) minaron la confianza en las instituciones económicas. En lugar de aprovechar la bonanza de los precios de las materias primas para fortalecer las instituciones, Argentina incrementó su gasto público sin lograr un crecimiento sostenido.
Desde la recesión que comenzó en 2018, el país ha vivido una depreciación constante de su moneda, lo que ha agravado la inflación. En 2023, la situación se complicó aún más con la implementación del "Plan Platita", que aumentó el gasto público sin respaldo en reservas. Este tipo de medidas, junto con la alta inflación y la depreciación del peso, generaron una crisis que llevó al país a una inflación anual proyectada del 150% para fines de 2024.
Para intentar salir de la crisis, el gobierno de Javier Milei ha implementado un plan de ajuste fiscal drástico que incluye la eliminación de subsidios, aumentos de tarifas, privatización de empresas estatales, y acumulación de reservas. Además, el país busca llegar a un superávit primario del 2% del PIB. Estas medidas, aunque impopulares, son vistas como esenciales para frenar la inflación y restaurar la confianza en la economía.